Edurardo Taiano ordenó una serie de medidas para analizar las sociedades formadas entre Carlos Varela y Guillermo Tofoni con el presidente de la entidad, Cladio Tapia. Se les acusa por presuntos delitos de “administración infiel”, en una causa que quedó en manos de Sebastián Casanello.
El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó una batería de medidas de prueba en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los contratos que la AFA firmó con dos empresas privadas para televisar los partidos de la selección argentina de fútbol.
Las medidas dispuestas por el magistrado federal son para establecer la composición societaria de las empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos y las presuntas vinculaciones entre los integrantes del Comité Ejecutivo de la AFA.
La causa cayó en el juzgado federal número 12 a cargo de Sebastián Casanello, vacante desde que el magistrado Sergio Torres juró como juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense
Según reveló el portal Noticias Argentinas, la causa se inició cuando la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, realizó denuncias públicas, que fueron recogidas por informes periodísticos.
Esos contratos ahora bajo investigación tienen que ver en esencia con la explotación de los derechos de imágenes no tradicionales del fútbol argentino: TV digital, redes sociales, sitios on-line, agrupados bajo la nomenclatura de “derechos digitales”.
En 2018, ese contrato fue adjudicado a la empresa Metro World Digital. Según cuenta el sitio de Noticias Argentinas, de un momento a otro cambió su razón social y sin experiencia alguna en el mundo digital, fue beneficiada por el contrato millonario de la AFA con la posibilidad de contar con Lionel Messi como garantía en las redes.
La empresa Metro World Digital está vinculada con Carlos Varela, un estrello allegado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, no solo por lazos afectivos sino también por sus vínculos mediante las empresas recolectoras de residuos y el club Barracas Central.
La justicia investiga si, como indica la denuncia, Carlos Varela es el dueño real de la empresa.
El contrato es una suerte de tercerización de la explotación digital de los “productos” que ofrece a AFA, e incluye la promoción en redes sociales, las publicaciones digitales, las transmisiones y el sponsoreo en esos medios fuera de los audiovisuales y gráficos tradicionales.
Otro contrato que está bajo investigación judicial es el que tiene relación con el empresario Guillermo Tofoni, que estuvo a cargo de la organización de partidos internacionales del seleccionado argentino hasta finales de la presidencia de Julio Grondona, cuando fue desplazado. Ahora tiene firmado otro convenio que lo une a la AFA hasta el 2030.
Según la denuncia planteada por Graciela Ocaña, Tofoni accedió a un contrato por el Instituto Tecnológico de la Selección Argentina, una suerte de escuela de formación integral de futbolistas desde la niñez, con una concesión a 20 años.
Taiano pidió documentación sobre ese contrato, que implica en los hechos la creación de una suerte de academia de formación para jugadores menores de 18 años de edad, a imagen de la Masía, del Barcelona.
En principio, el delito que se investiga es el de “administración infiel” que está incluido en el Código Penal dentro del capítulo de “fraude” y contempla una pena de hasta seis años de prisión. Ahora está todo en etapa de investigación, lejos de una etapa de definiciones.
